Ley de Compradores Atrapados en Chipre: Antecedentes En 2015, el Parlamento de Chipre introdujo la Ley 139(Ι)/2015, comúnmente conocida como la “Ley de Compradores Atrapados” para abordar los problemas enfrentados por los compradores de propiedades que...
En 2015, el Parlamento de Chipre introdujo la Ley 139(Ι)/2015, comúnmente conocida como la “Ley de Compradores Atrapados” para abordar los problemas enfrentados por los compradores de propiedades que no podían obtener los títulos de propiedad de las propiedades que compraron, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones contractuales. Esta situación surgió de varias complicaciones, incluyendo el incumplimiento de los desarrolladores para liberar hipotecas u otras cargas sobre el terreno donde se construyeron las propiedades, dejando a los compradores en una posición difícil.
Bajo la Ley de Compradores Atrapados, los compradores atrapados podían presentar una solicitud al Registro de la Propiedad para transferir los títulos de propiedad. Si tenían éxito, lograban “eludir” al desarrollador y conseguir la transferencia de los títulos de propiedad de las propiedades que compraron a sus nombres.
Una reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones en Chipre, tras una apelación de una institución bancaria contra una decisión de un tribunal inferior, tiene implicaciones significativas para los compradores atrapados. El Tribunal determinó que las disposiciones de la Ley, que permitían la transferencia de títulos de propiedad a los compradores a pesar de la existencia de hipotecas, infringían los derechos de los acreedores, es decir, los bancos. Esta decisión considera estas disposiciones inconstitucionales, enfatizando los derechos de los bancos a mantener reclamaciones sobre propiedades hipotecadas, incluso si se venden a terceros.
El caso involucró a un banco que había otorgado préstamos a una empresa desarrolladora y aseguró estos préstamos con hipotecas sobre terrenos destinados a construcción futura. Un comprador tercero compró un apartamento que se construiría en el terreno hipotecado y luego solicitó al Registro de la Propiedad del Distrito transferir el título de propiedad a su nombre sobre la base de que cumplió con sus obligaciones contractuales. El Banco objetó la decisión inicial del Registro de la Propiedad a favor del comprador. El Registro de la Propiedad del Distrito rechazó la objeción del Banco, citando que la documentación necesaria respaldaba la solicitud de transferencia de título. Sin embargo, el Banco procedió con acciones legales, buscando anular la decisión del Registro de la Propiedad y declarar la ley inconstitucional.
El Banco inicialmente impugnó la decisión del Registro de la Propiedad en el Tribunal de Distrito y luego apeló al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la Ley era inconstitucional.
El Tribunal de Apelaciones dictaminó que ciertas cláusulas de la Ley de Compradores Atrapados son inconstitucionales. Este fallo reconoce los derechos de los bancos a mantener hipotecas y sus reclamaciones sobre propiedades incluso si han sido vendidas a terceros, es decir, los compradores atrapados, a pesar de la existencia de legislación destinada a proteger a los compradores que han quedado atrapados en estas circunstancias.
Aunque la decisión del Tribunal de Apelaciones no anula la “Ley de Compradores Atrapados”, ya que solo se aplica al caso en cuestión, las autoridades suspendieron no solo la continuación de la revisión de las solicitudes ya presentadas por compradores atrapados en los Departamentos del Registro de la Propiedad del Distrito, sino también la aceptación de nuevas solicitudes.
También vale la pena mencionar que, dado que la Ley de Compradores Atrapados sigue en vigor, el fallo no afectará los casos donde los títulos de propiedad ya han sido transferidos a los compradores atrapados. Sin embargo, establece un precedente, y esto significa que afectará los casos pendientes en los Tribunales de Distrito.
La reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones y la decisión de las autoridades de detener la revisión de las solicitudes existentes y aceptar nuevas solicitudes representan un revés significativo para la protección de los compradores atrapados en Chipre. Aunque el Gobierno había promulgado legislación para salvaguardar a los compradores, el Tribunal de Apelaciones se puso del lado del Banco.
El Parlamento debería actuar rápidamente para abordar estos problemas constitucionales y encontrar una solución justa que proteja a los compradores y a los acreedores.
Se aconseja a aquellos que estén considerando comprar o vender una propiedad en Chipre que busquen asesoramiento legal independiente y consideren las circunstancias específicas de cada caso para asegurar un proceso eficiente y fluido y proteger sus intereses financieros.

Managing Partner
Managing Partner with a distinguished career in corporate and commercial law, trust law, tax law, property law, litigation, and immigration law. First-Class LL.B. from the University of Leicester and LL.M. from the University of Cambridge.
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